
Últimas disposiciones publicadas
Ampliación de plazo de solicitud para subvenciones de proyectos de PRL
Resolución de 10 de agosto de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se amplía el plazo de solicitud de concesión de subvenciones previsto en la Resolución de 6 de julio de 2018, por la que se convocan para el año 2018 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 13 de junio de 2018.
Primero. Ampliar el plazo de presentación de solicitudes previsto en el resuelvo cuarto de la Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, (BOJA núm. 138 de 18 julio de 2018) hasta el día 4 de septiembre de 2018 inclusive.
Sentencia sobre obligaciones de colegiación de empleados públicos
Sala Segunda. Sentencia 82/2018, de 16 de julio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 3649-2017. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander respecto a los párrafos segundo y tercero del artículo 17.2 de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de colegios profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de diciembre. Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal autonómico que regula las obligaciones de colegiación de empleados públicos (STC 3/2013).
Reiterando la ya consolidada jurisprudencia existente, el Tribunal Constitucional ha vuelto a declarar la inconstitucionalidad de incluir la exención de colegiación a los empleados públicos en normativa autonómica de colegios profesionales. En este caso, se han visto afectados por esta declaración los párrafos segundo y tercero del art. 17.2 de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria, en la redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.